Jorge Bedoya, presidente de la SAC, dice que informalidad laboral y costo del crédito le preocupan.
Los ministros deben tener más cercanía con el Congreso, dice Bedoya.
Aunque Colombia tiene ya una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas, plenamente identificadas para cosechar productos que promuevan las exportaciones y garanticen la seguridad alimentaria, el campo colombiano sigue en el letargo, amenazado por una informalidad laboral del 86 por ciento y un envejecimiento de la mano de obra, sin que se vean luces todavía para atraer nuevos habitantes.
Las cosechas se hacen en solo 7 millones de hectáreas aprovechadas, y hay que traer del extranjero gran parte de los alimentos que se pueden cultivar en los climas colombianos. A ello se le suma el riesgo para la agricultura que supone el fenómeno global del cambio climático y la dificultad que tienen los agricultores para obtener ganancias de sus siembras, debido a que no les es fácil sacar los productos al comercio porque el país solo cuenta con 175.000 kilómetros de vías terciarias.
Estas condiciones del campo, que fueron puestas en el visor para incluir el paquete de medidas que para el agro tiene el Plan Nacional de Desarrollo, serán parte de los debates que se promoverán en el 39.º Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que se realizará el 6 y 7 de noviembre en Bogotá. De estos temas habló Jorge Bedoya, presidente de este gremio, en entrevista con EL TIEMPO.
¿Cuál será el enfoque de este evento, después de casi 4 décadas de existencia del gremio?
Como Sociedad de Agricultores de Colombia el enfoque es la ruralidad, pero no solo en lo que respecta al Ministerio de Agricultura, sino a varios temas transversales a esta rama de la economía. Por eso habrá paneles sobre educación, comercio, formación para el trabajo, medioambiente y seguridad jurídica.
Vamos a hacer un corte de cuentas al Gobierno en el tema del agro, en estos 15 meses, y a partir de allí, pedir claridad sobre lo que harán en los próximos 3 años.
En muchas zonas del país, la infraestructura es el factor crítico. Hay 175.000 kilómetros de vías terciarias y solo el 10 por ciento está en buen estado
Siempre parece que todo está por hacer en el campo. ¿Cuál es la prioridad que reclamarán esta vez?
Hay varias cosas por mejorar, pero el Gobierno Nacional, en el Plan de Desarrollo, incluyó una cantidad de recursos para impulsar las vías terciarias. En muchas zonas del país, la infraestructura es el factor crítico. Hay 175.000 kilómetros de vías terciarias y solo el 10 por ciento está en buen estado. En este evento queremos conocer cuál es la partida de ajedrez de cara al futuro del campo.
Una de las actividades previstas en el Congreso se llama ‘1.000 días para la transformación del ICA’. ¿Qué esperan de esta entidad?
El ICA es tal vez la institución más importante para los productores. Tiene en sus manos la sanidad animal, la sanidad vegetal, el laboratorio, las vías de movilización. Sin embargo, al ICA, a través de la historia, lo politizaron. Tiene gente muy valiosa, pero ha perdido el carácter técnico. El país necesita un ICA más fuerte. Ese es el compromiso de la nueva gerente general, transformarlo. Por eso, el tema se incluyó en la agenda.
El financiamiento de proyectos productivos es otra debilidad, ¿cómo va eso?
El crédito y el financiamiento será otro de los temas por tratar con amplitud. Por eso tendremos a los actores más representativos del sector financiero en Colombia. El Banco Agrario; Finagro; Asomicrofinanzas rurales, que promueve la inclusión financiera de las pequeñas empresas y les presta a las familias rurales de nuestro país. Y estará también la banca comercial, a través de Scotiabank Colpatria.
Al escuchar a estas entidades lo que se busca es ver cuál es el revolcón que necesita el crédito agropecuario en el país para la rentabilidad del sector. Porque esto no es solo colocar créditos, sino hacerlo con un sentido que le sirve al productor.
Aunque hay algo previo a todo esto, la tierra. Muchos productores la tienen en arriendo, no tienen títulos. ¿Qué salida ve la SAC?
La ley de tierras que tendrá que volver a ser presentada en el Congreso abordaría temas tan importantes como el de los ocupantes históricos de buena fe, que son tenedores de tierra con más de 25 años en ella, a veces heredada de su familia, pero están en la incertidumbre porque no tienen título. Por eso, no son sujetos de crédito. El catastro multipropósito también será clave porque empieza a regularizar el mercado y la información sobre la tierra en Colombia.
Hay necesidades del sector rural que son a largo plazo, pero la de la informalidad laboral es inmediata. ¿Tienen alguna propuesta para abordar ese problema?
En el 2017 llevamos al Congreso un proyecto de ley que creaba el jornal diario integral rural. Eso debería contribuir a reducir la tasa de informalidad laboral en el campo. La Cámara lo apoyó. Luego llegó al Senado y la Comisión Séptima lo dejó hundir. Hoy no contamos con una herramienta para combatir la informalidad laboral del campo. Por eso, en el Congreso de la SAC tendremos un cara a cara entre la ministra del Trabajo, Alicia Arango, y el presidente de uno de los sindicatos más activos.
La SAC apoya entonces el pago por horas en el campo, criticado porque puede precarizar el ingreso del trabajador…
Esto no es precarizar el ingreso, y en el país lo han entendido equivocadamente. Es tener presente que un trabajador rural puede hacer tareas para varios empleadores en un mismo día, con jornadas de pocas horas. Hay que habilitar la forma adecuada para que le paguen todos los beneficios en salud y la posibilidad de un ahorro para la vejez en función de las horas trabajadas.
Colombia no se puede negar a esta discusión por una razón de peso: el 86 % de informalidad laboral que hay en el campo. Desde la SAC creemos que lo mejor no es seguir como estamos.
¿Cómo se prepara el agro para la cuarta revolución industrial?
Al Congreso de la SAC llevaremos expertos que muestren lo que está pasando en el mundo, porque se tiende a creer que el tema es para otros sectores.
Habrá 3 panelistas para hablar de este desafío en el campo: el presidente de Microsoft en Colombia, que tiene una apuesta social en el país. Ignacio Gaitán, presidente de INNpulsa, que promueve el emprendimiento.
La agenda incluye conversaciones sobre contrabando, exportaciones, en fin. Buscamos generar un diálogo en el que estén todos los temas, los que son de interés para el agro y para todos los sectores.
Se afectaría el desarrollo de la agroindustria si la ley de financiamiento no se tiene este año para que aplique en el otro…
Independientemente de que a unos les guste y a otros no la ley de financiamiento, el que sale perdiendo es el país como un todo, porque es cuestión de señales de estabilidad jurídica. Lo que hemos dicho como gremio es que ojalá salga como entró. Todos sabemos las dinámicas propias del Congreso, de agregar propuestas para poner o quitar. Eso puede enredar el camino para que la ley salga.
Las medidas que hay en esta ley no son solo para beneficiar la inversión en el campo, sino la inversión con generación de empleo. Con la exención en el impuesto de renta por hacer inversiones se tienen garantizados un buen número de empleos.
¿Ya se hicieron inversiones?
Aún no ha habido inversiones en el campo con ese mecanismo porque todavía no se habían expedido los decretos reglamentarios, pero hay gente que se está preparando para invertir.
¿Qué camino siguen las conclusiones que salen del congreso de la SAC?
Este es un corte de cuentas con el Gobierno, dentro de dos años habrá otro. Pero tenemos un diálogo permanente y constructivo, con críticas cuando hay que hacerlas.
