Evolución del sector agropecuario

Colombia, al igual que la mayoría de los países de América Latina, ha fundamentado su crecimiento económico en su vocación y potencial agrícola. Desde finales del siglo XIX, el país se volcó al cultivo del café. De hecho, en 1927 los cafeteros colombianos se unieron con el fin de crear una organización que los representara nacional e internacionalmente, y que velara por su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida.

Así nació la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), considerada hoy como una de las ONG rurales más grandes del mundo. Desde ese año ha sido el principal gremio de Colombia, con presencia en todas las zonas rurales donde se produce café en el país.

Ya en el siglo XX, el banano y las flores se constituyeron en otros de los sectores estrella del sector agrícola, posicionando al país entre los mejores del mundo con su producción de alta calidad.

A comienzos de los 80, se presentó una crisis sectorial de causas variadas: la crisis industrial de finales de los 70; la violencia rural; la liberación de importaciones; la baja inversión estatal agropecuaria; la revaluación del peso; los excedentes mundiales agrícolas; el incremento de precios de insumos y maquinaria.

Por otra parte, la agricultura campesina se vio afectada por los mismos problemas, pero además por la ausencia de asistencia técnica y el difícil acceso a los recursos de crédito.

Sin embargo, a finales de la década de los 80, como consecuencia de decisiones macroeconómicas y altos precios agrícolas internacionales, se le dio un empuje a la política agropecuaria a través de programas que dispusieron de crédito, tecnología, mecanización, asistencia técnica y comercialización.

Con la apertura comercial del país desde la década de los 90 y el inicio de las negociaciones del TLC con los Estados Unidos en la primera década del siglo XXI, se hicieron evidentes las debilidades y vulnerabilidad del sector agropecuario, que desde su entrada en vigencia ha tenido algunos años para ponerse a tono y volverse más competitivo.

La modernidad, el avance de las tecnologías y la aparición del sector de servicios, irrumpieron con fuerza y han desplazado el protagonismo que tiene el agro como motor de la economía, sin embargo, ante un escenario en donde se finalizó el conflicto con algunos grupos al margen de la ley, renace un nuevo entorno favorable a la inversión, el empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales.

En 1965, la contribución del sector agrícola al PIB era del 68%, para pasar luego al 24% una década más tarde, en 1975. Para 1990, año en que se dio inicio al gran proyecto de la apertura de la economía, la contribución agrícola descendió al 18% y para 2017 ese porcentaje se redujo tan solo al 6%.

La economía agrícola

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el segundo trimestre de 2018 la economía colombiana creció un 2,8%. En el caso del sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca el PIB se incrementó 5,9%, ocupando el segundo lugar después del renglón de actividades profesionales, científicas y técnicas, que creció 6,6%.

No obstante, el sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero tiene un peso medio en la economía nacional, pues ocupó el séptimo lugar entre 12 sectores, en la participación del PIB total de la economía, con un 6,9%, en el PIB del segundo trimestre de 2018.

El primer lugar lo ocupa Comercio al por mayor y al por menor con un 18,3%. Le siguen Administración pública y defensa con un 16,2%; Industrias manufactureras con un 13,3%; Actividades inmobiliarias con un 10%; Actividades profesionales, científicas y técnicas con un 8,1%; Construcción con un 6,9% y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, también con un 6,9%.

El crecimiento del 5,9% del PIB del sector en el segundo trimestre de 2018, estuvo 0,1 puntos porcentuales por debajo del mismo trimestre de 2017, cuando la variación fue de 6,0%.  Desde 2006 el PIB agropecuario en el segundo trimestre ha crecido, exceptuando 2009 (-2,6%). En los años 2013 (9,7%), 2017 (6,0%) y 2018 (5,9%) ha sido jalonador del PIB nacional.

El café sigue siendo uno de los principales jalonadores de la economía agrícola y durante el segundo trimestre de 2018 la producción cafetera nacional presentó un comportamiento positivo, al alcanzar 2,9 millones de sacos, lo que significa un crecimiento de 5,2% frente a la producción del mismo periodo de 2017 (2.7 millones de sacos). Sin embargo, las condiciones de precios internacionales no apalancan este crecimiento y han evidenciado la sensibilidad de estos productos si se siguen manejando como commodities.

En esta oportunidad, se ve un buen resultado de la avicultura y la porcicultura, y últimamente la piscicultura. La ganadería (5,8%), la pesca y acuicultura (15,9%), la silvicultura y extracción de madera (1,1%), reportaron cifras positivas, en algunos casos por encima del crecimiento de la economía nacional, que fue de 2,8%, entre abril y junio de este año.

Uno de los principales retos del nuevo Gobierno es generar una política agropecuaria que le permita al campo colombiano aumentar la productividad del campo, pues hay zonas rurales con enormes deficiencias en materia de bienes públicos como vías rurales y centros de acopio, por lo que hay que trabajar en la provisión de esos bienes, lo cual se traducirá en una mayor rentabilidad para los agricultores.

Indicadores sociales

Empleo

El último informe de mercado laboral reporta que la población ocupada en los centros poblados y rural disperso en el trimestre abril – junio 2018, fue de 5 millones de personas. La rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca concentró el 60,4% de la población ocupada, (es decir, alrededor de 3 millones de habitantes del campo), seguida de la rama comercio, hoteles y restaurantes con un 12,4%.

De acuerdo con el DANE, en ese periodo, la tasa de desempleo en los centros poblados y rural disperso fue del 4,8%, la tasa global de participación del 60,4% y la tasa de ocupación del 57,5%.

La tasa de desempleo de este trimestre es la segunda más baja para los trimestres abril-junio desde que hay cifras comparables (2001). En el trimestre abril-junio de 2017, la tasa de desempleo fue del 4,4%, la de participación del 61,1% y la de ocupación del 58,4%.

Los trabajadores por cuenta propia representan el 54%; el obrero, empleado particular, el 18,5%, y el jornalero o peón, el 11,3%; entre otros. A lo largo de los ocho años del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se presentó una tasa de desempleo en el campo promedio del 5,14%.

Pobreza

Según la información divulgada por el DANE, en 2017 los niveles de pobreza en Colombia se redujeron con respecto a los registrados en 2016. Ello ocurre tanto para la pobreza monetaria y la extrema como para la multidimensional.

Para el total nacional, la pobreza monetaria se redujo del 28% en 2016 al 26,9% el año pasado. Por su parte, la pobreza extrema cayó del 8,5% al 7,4%.

De acuerdo con el economista agrícola Juan José Perfetti del Corral, mientras que en 2017 los niveles de la pobreza monetaria, la extrema y la multidimensional en las urbes eran del 24,2%, 5,0% y 11,4%, respectivamente, en las zonas rurales dichos indicadores eran, en su orden, del 36%, 15,4% y 36,6%. A pesar de la caída, las brechas entre la ciudad y el campo siguen siendo amplias.

Cuando se consideran los niveles de pobreza monetaria y extrema en las zonas rurales en los años 2002 y 2017, se constata que, desde principios de la década anterior, la pobreza rural ha venido disminuyendo progresivamente. En particular, dichos niveles pasaron del 61,7% y 33,1%, en 2002, al 36,0% y 15,4%, en 2017. Sin embargo, la Misión para la Transformación del Campo señala que “la reducción de la pobreza multidimensional en la zona rural no ha sido suficiente para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, que incluso se ha ampliado en el tiempo”.

La Misión concluye, entonces, “que ha sido más fácil reducir la pobreza mediante la expansión de servicios del Estado (por ejemplo, la educación, la salud y los servicios) por el canal de la política social, que con la generación de ingresos autónomos por el canal del crecimiento económico”.

“Es decir, que la mejora en la pobreza rural responde más a una efectiva política social del Estado en las zonas rurales, que a una política agropecuaria y rural capaz de impulsar la producción, el empleo y los ingresos en el campo, por lo que plantea que una lucha eficaz contra la pobreza rural, se requiere que prevalezca un vigoroso crecimiento que, en el caso colombiano, debe traducirse en una agricultura dinámica y sostenible capaz de impulsar no solo la gran producción empresarial, sino especialmente, la pequeña producción agropecuaria que es donde es más aguda la pobreza”, opina el economista Perfetti del Corral.

Exportaciones del agro se diversifican

De otro lado, gracias al estatus sanitario que actualmente tiene el país, los últimos años han sido históricos en la apertura de mercados para los productos agropecuarios a diferentes países. El caso más reciente fue la admisibilidad del aguacate Hass a Estados Unidos. De acuerdo con las metas establecidas por el gobierno nacional para el cuatrienio, 48 nuevos productos agropecuarios deberían tener mercados abiertos y lograr su admisibilidad.

El país tiene abiertos 2.812 productos colombianos que pueden llegar a 83 países. Las frutas exóticas, el aguacate hass y el cacao hacen parte de las nuevas alternativas. Se han venido fortaleciendo las exportaciones no tradicionales y diversificando los productos exportados.

Financiación para el agro

El crecimiento del crédito agropecuario ha tenido una buena dinámica en la última década. Con relación al Crédito de Fomento Agropecuario y su destinación, las Leyes 16 de 1990 y 101 de 1993, establecen que este se otorga para la financiación de capital de trabajo, la inversión nueva o los ensanches requeridos en las actividades indicadas y se debe destinar primordialmente para financiar todas las actividades relacionadas con la Producción, Agroindustria y Servicios de Apoyo en el sector agropecuario y actividades rurales.

Los principales cuellos de botella están en fomentar el acceso por parte de los pequeños productores. “Hoy, de cada $100 que presta la banca, solo $18 van al pequeño productor. En el país, en el 2017, se colocaron $14,7 billones al agro y el 18% fue para el pequeño productor. La meta es cubrir un 60% en los siguientes cuatro años”, explica Indalecio Dangond, analista experto de este tema.

Existen dos herramientas de financiamiento que han sido contundentes en el apoyo al sector rural colombiano: la primera es la Línea Especial de Crédito (LEC), que disminuye la tasa de interés a quienes tengan proyectos agropecuarios a corto plazo.

De otro lado, está el Incentivo a la capitalización rural (ICR), que se le otorga a un productor por las nuevas inversiones dirigidas a la modernización, la competitividad y la sostenibilidad de la producción agropecuaria (infraestructura, sistemas de riego, tractores, etc).

Uno de los órganos decisorios de política es la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha venido creando líneas de crédito específicas para los diferentes tipos de productores, considerando además que los tiempos de cada producto son distintos y esto influye en la capacidad de pago de los campesinos.

Lo que se busca es que a cada productor que se acerque a pedir un préstamo, se le ayude con un crédito acorde con la labor agropecuaria que realiza. De este modo, si un cacaotero va al banco, se le ayuda con un financiamiento acorde con el tiempo que toma en desarrollar su cultivo y acorde al ciclo productivo.

De acuerdo con el nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, en materia de crédito lo que se busca es fomentar un crédito agropecuario vinculado a los incrementos en productividad. Cabe destacar que en 2017 Bancolombia fue el principal irrigador de recursos Finagro con más de $ 2,8 billones otorgados en 7.609 operaciones de crédito.

El propósito del nuevo Gobierno es vincular a los pequeños productores con grandes productores, a través de proyectos asociativos y generar contrato de compra de cosecha, esquema que en Bancolombia se ha denominado Encadenamiento Productivo con ejemplos tangibles en cultivos como fique, plátano, banano y aguacate.

“Lo que queremos es diseñar una política agropecuaria que mejore iniciativas vinculadas al crédito y allí tenemos que ser muy creativos. El objetivo es brindar facilidades a los campesinos para que puedan sacar sus productos a los mercados internacionales”, expresó el ministro.

Frontera Agrícola Nacional

Por primera vez, Colombia definió su Frontera Agrícola Nacional, hecho que permitirá armonizar el desarrollo rural sostenible con la protección y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Frontera Agrícola es “el límite que separa las áreas para actividades económicas agropecuarias, forestales y de acuicultura y pesca, de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad”.

El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) presentaron en junio pasado la política, que se constituye en un referente estratégico para el desarrollo rural agropecuario, la seguridad jurídica de las inversiones públicas y privadas y, en especial, para combatir la deforestación.

La Frontera Agrícola Nacional es de 40.075.960 hectáreas, de las cuales solo se cultivan 7,6 millones de hectáreas. De ahí que la FAO ha señalado el potencial de Colombia como despensa de alimentos del mundo. El área agrícola está rodeada por 60 millones de hectáreas de bosques naturales que incluyen áreas protegidas. De esta forma, se protegerán páramos, humedales y áreas de importancia ambiental estratégica para el país. Las áreas de selva y alta montaña tienen como misión prioritaria hacer respetar las fronteras agrícolas de Colombia.

El concepto de frontera agrícola permite que el sector agropecuario cuente con un instrumento idóneo para orientar la formulación de política pública y focalizar su gestión e inversiones, fruto de un proceso planificado en áreas donde técnica y legalmente es permitida la actividad económica y, de paso, reducir los conflictos por el uso ineficiente del suelo rural.

De igual forma, se constituye un marco de referencia para coordinar las acciones entre la institucionalidad del sector agropecuario y ambiental, lograr las metas de reducción de las tasas de deforestación y conservar los ecosistemas estratégicos, de los cuales depende también la competitividad de las actividades productivas, teniendo en cuenta que más de 2 millones de hectáreas de actividades agropecuarias se desarrollan en territorios de conservación o protección ambiental: 68% en zonas de reserva forestal, 17% en páramos y 15% en parques nacionales.